La Argentina y la agenda del Siglo XXI (4). Acuerdo para la Convivencia; La Agenda doméstica

La Argentina y la agenda del Siglo XXI (4). Acuerdo para la Convivencia; La Agenda doméstica

2.- La Agenda Doméstica

Cuáles son aquellos aspectos sobre los cuales ya deberíamos estar de acuerdo? Cuáles cuestiones deben formar parte del contenido de ese ámbito de coincidencia, básico, esencial, y sobre que directrices?

Resolver esto es la quintaesencia del acuerdo. Constituye un deber pre constituyente de la dirigencia nacional. Aquí solamente intentamos un ejercicio de reflexión acerca de cuáles deberían ser esas materias nodales sobre las cuales construir el acuerdo para la convivencia. No tiene, por lo tanto, pretensión de verdad inconcusa.

a.- La sociedad del conocimiento como imperativo social

El proceso educativo debe tender a la excelencia. Pero resulta utópico formular una meta, sobre la que nadie puede estar en desacuerdo, y olvidar que para hablar de excelencia educativa, debemos primero, lograr la equidad educativa; esto es, la igualdad de posibilidades de acceso a la educación.

Un relevamiento oficial consigna que entre 1996 y 2006 daba cuenta que el 50% de los ingresantes al secundario no terminan a nivel nacional, que los repitentes en la educación secundaria se habían elevado del 7,7% al 10,97. Asimismo, según el propio responsable del Ministerio de Educación afirmó que “ en el quintil más pobre de la población, el abandono es del 30 por ciento y, en el quintil menos pobre, o sea el 20 por ciento menos pobre, el abandono es del 6 por ciento".

Por su parte, un estudio efectuado por el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA)  da cuenta que “alrededor de 750.000 chicos de entre 6 y 17 años están fuera del sistemas escolar y hay casi 4.000.000 de adultos que no terminaron la escuela primaria y su nivel educativo es deficiente; el 71% de los jóvenes que cuentan entre 15 y 21 años, se encuentra en situación de riesgo educativo, lo que significa no haber adquirido la cantidad suficiente de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas necesarias para participar en una forma plena, crítica, creativa y autónoma de la vida social, política y económica, y que la mitad de los niños argentinos de 2 a 4 años que viven en las principales ciudades del país se encuentra fuera de los procesos de escolarización, situación que en el 25 % de las familias más pobres del país afecta a siete de cada diez chicos”.”…Una Argentina donde hay 25 chicos que se mueren por día por causas evitables y el 33% de los desocupados en nuestro país es un joven que está entre los 16 y los 24 años. Además, en el sistema educativo, el 6,5% de los alumnos de la escuela primaria no pasa de grado; y en la secundaria, en el primer año el 11,4% de los chicos repite de año…”.

La crisis socio económica, la cultura de la inmediatez y el descrédito de la educación como indicador de ascenso social[1] aparecen como causas determinantes de un proceso de inequidad educativa.

Existen en el país aproximadamente 44.000 instituciones escolares y 11.000.000 de alumnos. El Estado ha realizado, y realiza acciones tendientes a distribuir recursos para las poblaciones más vulnerables, a través de programas compensatorios, que sin embargo no llegan a cubrir el mapa de inequidad educativa instalado.

Dos directrices aparecen como necesarias para intentar revertir la crisis educativa. Una de ellas, remover la desigualdad social existente. Hay pobreza porque hay desigualdad. Por otro lado, es necesario involucrar profundamente al sector privado en el sistema educativo. Un comportamiento social empresario, que junto a los actores directos de la comunidad educativa coadyuve en el esfuerzo que realiza el Estado mediante las políticas compensatorias, a través de diseños de participación que permitan repetir en escala un modelo educativo integrador teniendo en cuenta las necesidades y las particularidades de cada región.

Ello así, por cuanto el conocimiento se ha transformado en el elemento central del nuevo paradigma productivo, la transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos clave tanto para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competividad…”[2].

Esa capacidad de innovación solo es posible desarrollarla en la articulación entre la empresa, el educador y el educando.

Hacia adentro, no obstante, hay que recuperar el sentido mismo de la educación. Que constituya un instrumento para modelar la capacidad de esfuerzo, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el compromiso por la verdad, el rechazo al conformismo, el amor a su tierra y a sus semejantes, aprender a pensar, a discernir. Una tarea que empieza, tan pronto como la persona nace.

Para discernir y formar criterio propio es necesario que de pequeños nos hayan dicho de forma coherente algo de lo que está bien y lo que está mal…hoy solo se habla de ser buenos, tolerantes y partidarios de valores, pero minan las bases del pensamiento crítico.[3]

La escuela debe ser un vehículo para la reconstrucción del hombre argentino, aunque no el único; un instrumento de articulación social por excelencia a través de un diseño educativo que construya el sentido de pertenencia a su Patria, lo forme y le enriquezca el alma para abordar su propio desarrollo, comprometido con el entorno circundante y sus semejantes. Como ha expresado Juan Carlos Tedesco, “su tarea es llevar a cabo en forma consciente y sistémica la construcción de las bases de la personalidad de las nuevas generaciones...definida por su capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo de los aparatos que acumulan la información y el conocimiento”.

Optimizar la calidad del sistema educativo para incorporar a la Nación en la sociedad del conocimiento no es una cuestión de tecnología agregada, es un imperativo social.

b.- La innovación político-institucional

Recuerda Gordillo, citando a Paul Valery, que toda política implica alguna idea del hombre, y toda administración también.

Cómo debe ser la Administración Pública?

Oscar Tangelson afirma que la Argentina se enfrenta, contemporáneamente, con cuatro desafíos: recuperar el crecimiento económico, concretar y consolidar el proceso de integración del MERCOSUR, definir la forma de su inserción en un mundo en profunda transformación como consecuencia de la revolución tecnológica y productiva que se está desarrollando en nuestros días y simultáneamente, lograr la reconstrucción de principios de justicia social que hagan partícipes a sus habitantes de la riqueza que contribuyen a generar.

Es por ello que el orden jurídico debe atender los problemas de hoy. Un modelo institucional no puede interpretarse o calificarse al margen del dato histórico político y los valores que determinaron su aparición, pero ciertamente tampoco con prescindencia las circunstancias sobrevivientes ni del plexo general en el cual se inserta. La mutabilidad es un dato del orden jurídico, y en tanto está destinado a reglar el comportamiento del hombre en sociedad, se nutre de la interacción de sus miembros. La valoración de los hechos sociales –entendidos como producto de la aludida interacción- es esencialmente dinámica y es en razón de esa valoración que el modelo pervive o es desplazada por la configuración de nuevos paradigmas.

 El redimensionamiento del Estado-Nación conlleva la adecuación del instrumento vital que procesa, y concreta los cometidos públicos que define la acción de gobierno del Estado.

La estructura organizacional de la Administración Pública es, y lo será aún más en el futuro, compleja, desagregada y esencialmente contingente. Cada órgano, cada estructura componente de la misma responde en virtud del principio de unicidad a un centro o comando único; sin embargo al mismo tiempo cada una de ellas responde a finalidades instrumentales específicas, y adoptan formas propias para su funcionamiento y la correcta articulación para el logro de los cometidos públicos.

Ello se ha potenciado en rigor, desde las postrimerías del siglo XX por la gravitación de centros impulsores: desde afuera, producto del proceso de globalización que ha obligado al Estado-Nación a adecuar su funcionamiento y hasta resignar parte de su soberanía, concepto este claramente desteñido en su acepción clásica a partir de los procesos de integración y los pactos internacionales relativos a los derechos fundamentales del hombre y a mecanismos instrumentados para combatir flagelos que conspiran contra la humanidad misma (narcotráfico, bioterrorismo), o afrontar desafíos para supervivencia de la especie (combustibles, alimentos, agua potable, etc.). Desde adentro, ante la necesidad de dar respuesta a la crisis de gobernabilidad y a la asistencia requerida por los centros locales (Provincias y municipios).

Qué implica este nuevo escenario? Básicamente, que para su cumplir sus fines de ordenación y regulación la Administración Pública debe reconfigurar su estructura orgánica funcional en aquellos sectores más expuestos en razón de esas fuerzas gravitacionales que condicionan su actividad. La Administración Pública debe abordar, a través de determinados órganos, aspectos que otrora resultaban inimaginables pero que actualmente resultan una exigencia estrechamente relacionada con el concepto de cooperación que preside la relación entre los Estados en cuestiones que resultan de indudable interés común, y que se traduce sin duda en una exigencia social.

Si estamos en presencia de una exigencia social, ella debe llevarse a cabo con eficacia y eficiencia, conceptos íntimamente relacionados. Y no se trata por cierto de apelar a un puro pragmatismo en el que todo lo que es eficaz es por sí mismo, justo, sin importar por qué se hacen las cosas y para qué.

 Sí cabe afirmar que en el ámbito de la organización pública la valoración de la eficacia y de la eficiencia en la gestión es siempre de contenido político.

Se sigue de ello entonces que la Administración Pública, sus órganos, deben responder objetivamente en su estructura jurídica administrativa a la idea de servicio que preside el obrar estatal, en tanto el mismo encuentra sustento jurídico y esencialmente axiológico en los principios liminares del estatuto constitucional. En otros términos, aún cuando deban respetarse aquellos principios básicos a los que tradicionalmente responde la organización administrativa (simetría, uniformidad, etc.) lo que verdaderamente importa, en tanto su actuación se traduce en una exigencia social, que responda adecuadamente al fin para la que ha sido creada. No es la verticalidad strictu sensu la que garantiza la unidad estatal. De hecho no es así, pues cada porción de la Administración Pública está determinada en su actividad diaria por nodos impulsores diversos y hasta distintos. Lo que hace que aquella se preserve es el cumplimiento de los fines específicos que justifican su existencia.

La importancia y el valor de la consideración de la organización administrativa es indiscutible, y pretende la constante revisión, sustitución y mejoramiento de las estructuras y del funcionamiento de los órganos administrativos, como medio por el que el Estado puede alcanzar de mejor manera y con mayor economía y rapidez, los fines propuestos.

La función administrativa debe responder plenamente al objetivo político que encarna el interés público comprometido; esto es a una realidad política concreta.

Sobre esta concepción es que debe analizarse un nuevo paradigma del Estado. Las nuevas demandas, los nuevos retos y desafíos que debe enfrentar la Argentina, exige actualizar una vieja visión que no contiene en sí mismo, el elemento central que define la propia razón de ser del Estado: la comunidad políticamente organizada.

Se impone una profunda revisión de la estructura institucional de la Administración Pública, en especial, de aquellos organismos relacionados con el control de los servicios públicos, de la ética pública y la lucha contra la corrupción.

c.- La economía como instrumento de realización e integración social

La necesidad de reconstruir el Estado, de hacerlo competente, eficaz, que responda adecuadamente a las demandas de una sociedad cada vez más compleja y también pluralista, es hoy también una exigencia social.

El cuadro de demandas insatisfechas, la pobreza, el déficit educacional y de vivienda, la cobertura sanitaria, marca claramente la ineficiencia del Estado argentino.

Si un alto porcentaje de la sociedad vive marginada, sin posibilidad alguna de satisfacer sus necesidades básicas, expuesta indecentemente a niveles de miseria e inseguridad, la Argentina real está lejos del relato oficial.[4]

El asistencialismo, que ante situaciones extremas es impostergable practicarlo, cuando se adopta como “política de Estado” es la demostración elocuente de la falla del sistema, y termina generando en sus destinatarios la pérdida de su autoestima y la convicción de que su suerte está echada.

El rol de la economía, por tanto, no debe contentarse con preservar el equilibrio macroeconómico. Una política económica exitosa es aquella que sirve a los intereses de toda la sociedad, no solo a los agentes económicos.

De modo tal, el debate acerca del rumbo económico no puede reducirse a los problemas coyunturales; la imperiosa necesidad de insertarnos en el contexto mundial para enfrentar sólidamente los efectos de la globalización que ha llegado para quedarse. Porque contra todo pronóstico, la “ética del mercado” la define la sociedad si el Estado establece los mecanismos de regulación que sean necesarios.

Tanta libertad como sea posible, y tanta regulación como sea necesario.

El Estado debe generar las condiciones de infraestructura necesarias para posibilitar a los agentes económicos producir y competir en un plano de igualdad con los intereses internacionales. Los subsidios en esas condiciones, son a la economía como el asistencialismo a las personas: terminan por tornar ineficiente la actividad de los destinatarios de esas herramientas, sólo válidas en situaciones de extrema emergencia.

La inserción de nuestra economía a escala global no puede reducirse a un slogan. Un alto porcentaje de la actividad local, severamente condicionada por quienes resultan propietarios de la renta[5], está directamente articulada al mercado externo; desde la producción de granos[6], pasando por la explotación de recursos naturales y los productos industriales.

Definir el rumbo económico es por lo  tanto una cuestión política; cómo orientamos la producción y el consumo, la distribución del ingreso[7], depende más de los acuerdos básicos que se logren que de cualquier debate ideológico acerca si la economía debe ser liberal, social, o progresista.

En este contexto nuestro país debe redefinir ciertas matrices para alcanzar niveles de eficiencia que posibiliten nuestra independencia económica.

La soberanía alimentaria, energética, financiera, como suele denominarse en estos tiempos no es sino la particularización del mencionado concepto.

Para ello entonces deberán encontrarse acuerdos básicos en materia fiscal, en el desarrollo de las regiones, en las obras de infraestructura, en las políticas de integración con especial énfasis en el Mercosur y en la Unasur.

La inserción global no puede encararse privilegiando acuerdos bilaterales, porque en un mundo altamente competitivo y difuso, atento a nuestras carencias estructurales jamás podríamos competir en condiciones de relativa igualdad y proporcionalidad.

La integración regional debe constituir el eje de nuestra salida al mundo, y ello implica profundizar el marco político, económico y social del actual estado de ese proceso, potenciando aquellas ventajas comparativas que ofrecen nuestro país y los restantes miembro de la UNASUR en recursos naturales y en los procesos de industrialización de los mismos.

En tal sentido, para articular un desarrollo sustentable que nos permita ser pares en ese concierto de naciones, principalmente de Brasil y Chile, debería revisarse en profundidad  la cuestión fiscal y las asimetrías regionales.

En lo que respecta al primer punto, existe consenso, tanto a nivel político como doctrinario acerca de la necesidad de redefinir el patrón de coparticipación federal bajo los principios de equidad y solidaridad interjurisdiccional atendiendo las asimetrías en las capacidades fiscales de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar una adecuada provisión de bienes públicos.[8]

En lo que a la Región se refiere, constituye un elemento modal para favorecer el desarrollo de la economía al servicio de la integración social a través no solo de la cooperación de los agentes económicos sino también de la sociedad participando y ejerciendo el control social de la agenda pública.

El llamado federalismo de concertación encuentra aquí su quicio constitucional y el campo propicio para transformar su valor nominal en una pieza de efectiva aplicación al servicio de la descentralización federativa y de la economía nacional.

d).- Los recursos estratégicos y el Medio Ambiente

La cuestión de los recursos críticos se ha tornado en este siglo en una cuestión vital para todas las naciones. Para aquellas que no los poseen en cantidad suficiente, como para los que la tienen en grado sumo.

Controlar estos recursos constituirá en las próximas décadas la razón de todos los conflictos.

El progresivo aumento de la población, superior a los recursos disponibles y el agotamiento previsible de los recursos naturales, más el uso irracional de los mismos y la degradación del medio ambiente, eran ya percibidos por Perón, para quien “tales problemas pueden tener una solución adecuada si se comprende que el universalismo no puede reducirse al campo de la concepción teórica, sino que debe hacerse efectivo a través de toda la humanidad”.

Algunos datos revelan la importancia trascendente que adquieren los recursos estratégicos en el diseño, ya no de nuestra nación sino del mundo entero.

La población mundial crece hoy a razón de 80 millones de nacimientos por año solamente en Asia, África y América latina, y se calcula que para el 2050 alcanzaremos la cifra de 9 mil millones de personas.

Las reservas de petróleo se calcula que no cubrirán la demanda mundial dentro de 30/40 años.

El agua aparece como otra amenaza ante la demanda mundial. No solo la que se consume de manera directa, sino aquella que se utiliza para el riego y la producción de alimentos. En  nuestro país se utilizan  230.000 millones de metros cúbicos para el consumo y la producción de granos, carnes, frutas y elementos industriales.

Todo país que tenga una disponibilidad de agua de 5000 metros cúbicos por habitante es considerado rico respecto a este recurso: nuestro país ronda los 22.600 metros cúbicos al año.

En cuanto a los alimentos, nuestro país produce para 300 millones de personas al año, lo que da cuenta de su capacidad de producción (tierras y climas aptos): más de 100 millones de toneladas anuales, de la que sólo el 8,5% se consume en el país.

“La producción de trigo alcanza para elaborar un kilo de pan por día para cada habitante. La de los tambos para tres cuartos de litro de leche por persona por día…produce el equivalente a 26.000 calorías diarias por persona, pero sólo consume en promedio 2300. Con el excedente se podría alimentar a 410 millones de personas más, poco menos que la población de la Unión Europea”…La producción de carne vacuna, porcina, ovina y caprina es suficiente para que consuma medio kilo de carne diario por persona. También se produce lo suficiente para que cada argentino pueda comer un kilo de verdura y medio kilo de frutas por día…en el 2002 el campo producía 72 millones de toneladas de granos en 28 millones de hectáreas. Dentro de esa misma área también se alimentaban 50 millones de cabezas de ganado…”.[9]

Los datos son reveladores, no solo de un país injusto, sino del despilfarro de los recursos.

La transnacionalización de los recursos, el uso racional de aquellos que son agotables, la protección del medio ambiente seriamente afectado por la explotación de los recursos fósiles y la cooperación a nivel regional, son cuestiones que la Argentina debe asumir como un imperativo nacional, pues la protección de los recursos críticos así como su abastecimiento constituyen prioridades para aquellas potencias que demandarán a mediano plazo dichos recursos por el agotamiento de de los propios.

La propiedad de los recursos debe asumirse como una hipótesis de conflicto, porque así está planteado por las grandes potencias.

La necesidad de legislar seriamente acerca de la propiedad en zonas limítrofes o cercanas a las fuentes naturales de recursos críticos, e intensificar los acuerdos regionales para la protección y defensa de las mismas y el equilibrio del ecosistema, son cuestiones primordiales en la agenda argentina de este siglo.[10]

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[1] “No me arrepiento de haber dejado. Tengo un amigo que terminó, estudió en un terciario y hoy es remisero…cuando mis amigos me cuestionan, yo les digo: vos tenes celular? No? Bueno, yo sí” (Caso de Matías B., Gran Buenos Aires, Clarín, 30/10/07).

[2] (CEPAL/UNESCO, Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, Serie de Libros de la CEPAL, nº 33, 1992, p. 119).

[3] José María Barrio Maestre; Diario La Prensa, edición del día 18 de abril de 2010.

[4] Avishai Margalit afirma que es decente una sociedad en la que los ciudadanos no son humillados.

[5] Según el Indec, en 2000 había 182 empresas de capital nacional y 318 extranjeras entre las 500 más grandes del país; en 2008 fueron de 162 y 338 respectivamente; el 91% de la producción de cemento, el 80% del mercado cervecero, el 13% de la venta de combustibles y el 20% de la faena y procesado de  carne vacuna, quedó en manos extranjeras. Sólo dos grupos nacionales mantienen posiciones de privilegio en el mercado internacional: Arcor y Techint.

[6] Apenas ocho exportadores concentran en la Argentina casi el 90% de las exportaciones de trigo y la política oficial evita que aparezcan nuevos actores en este negocio. De hecho, desde 2006, cuando comenzó la intervención en este sector, una veintena de empresas dejó de tener ventas regulares, todos los años, al exterior. Junto con los molinos harineros, las empresas exportadoras son acusadas por los productores de quedarse con considerables diferencias en el precio del cereal. Según un trabajo de Gabriel Pérez, director de la firma Mercampo, a octubre de 2010, las firmas ADM, Asociación de Cooperativas Argentinas [ACA, vinculada a una cooperativa de productores y socia de Coninagro, que impulsó el paro], Nidera, Bunge, Cargill, Oleaginosa Moreno, Toepfer y Dreyfus concentraron el 88,5% de los 2,9 millones de toneladas que exportó el país. Son datos con el tonelaje enviado al exterior a octubre último.(Fuente Diario La Nación 21/01/2011)

[7] La desigualdad en la apropiación del ingreso es una  cuestión estructural. A fines de 2009 el índice era de 0,46 según el Coeficiente Gini.

[8] Los Grandes Dilemas de la Cuestión Fiscal Federal y los Consensos Académicos y Políticos

Horacio L. P. Piffano  Documento de Trabajo Nro. 67 Abril 2007 www.depeco.econo.unlp.edu.ar

[9] Fuente; Diario Página 12, edición del día 18 de mayo de 2008.