Política y Humanismo (III)

3.- Argentina y el nuevo orden imperial

La globalización es un hecho, un dato de la realidad que como tal penetra todas las naciones en mayor o menor medida. Un caso paradigmático ha sido sin duda Argentina. Una brutal transferencia de recursos y una paulatina e incesante tras nacionalización de empresas, unidas al permanente ajuste en el gasto público condujo a una humillante situación social en la que se debaten aún millones de personas. Sufrimos los efectos propios de los nuevos escenarios que provocó dicho fenómeno y la prevalencia del denominado “pensamiento único” emergente del Consenso de Washington; a ello debe agregarse la insuficiencia de las instituciones que lo configuran para dar adecuada respuesta a las necesidades colectivas, derivada de la incapacidad política de los gobernantes cuando no, responder con obsecuencia a los intereses foráneos.

Esta globalización tiene su correlato directo con la desarticulación del Estado de Bienestar que para fines de la década del 70 parecía no dar respuestas a las demandas sociales. Nace en Inglaterra con Thatcher y su política de privatizaciones, recorte de gastos sociales, aumento de los impuestos indirectos y una clara animadversión contra las estructuras sindicales. A ella se agregaría Reagan; años más tarde el Consenso de Washington institucionalizaría la política neoliberal que disfrazada de globalización nos vendieron y alegremente compramos.

Más allá de nuestra debilidades intrínsecas, puede alguien hoy dudar del ruinoso proyecto que dio inicio en 1976, alentado por la nueva ola que se venía y “justificado” por la falta de respuesta del Estado a los problemas de entonces?

El cambio de perfil del capitalismo mundial a partir de la crisis del petróleo a comienzo de los 70 importó sustituir la exportación de bienes de capital por la de capitales financieros, producto de la saturación incentivada por los petrodólares.

Lo que no puede dejar de consignarse, más allá de las inconsistencias del Estado Benefactor, que en su abolición no fue ajeno el proyecto de un nuevo orden internacional que tiene antecedentes anteriores a la crisis de aquél. El proyecto ADELA (1963), antecedente de la Comisión Trilateral (1973) ya auspiciaba la apertura de las economías menos desarrolladas, y uno de los mentores de esa Comisión, Brzezinski, sostuvo que el concepto de Estado-Nación había dejado de tener relevancia creadora en la actual vida organizada del hombre.

En ese marco internacional, el gobierno militar de 1976 utilizó como pretexto la crisis del estado de Bienestar, le imputó a éste el caos social y definió al mercado como instrumento disciplinador⁷.

Aniquilado el aparato económico, esencialmente por la destrucción de la industria nacional, la deuda externa fue el nuevo instrumento disciplinador, pero esta vez desde los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial).⁸ Las leyes de reforma del Estado y de emergencia económica permitieron ese proceso de extranjerización, al tiempo que flexibilizó el mercado laboral. La estabilidad de precios, la convertibilidad, la escasa oposición política, y el discurso oficial, potenciado por los medios de comunicación y los teóricos del neoliberalismo, redujo la discusión o el debate político a los temas económicos. El mercado sustituyó a la política. Los temas sociales, la salud y la educación fueron apartados de la agenda pública. La sociedad toda entró en un estado de anomia profunda. No había nada de que preocuparse. No había necesidad de pensar críticamente⁹.

Pero eso por cierto no explica todo. Nuestra decadencia también se forjó por años por la recurrente alternancia entre gobiernos civiles y militares a partir de 1930, el sectarismo de las organizaciones sociales, el desequilibrio pendular de los poderes constituidos, la insolvencia de los partidos políticos, y que contribuyó sensiblemente a modelar una cultura en la que fuimos perdiendo poco a poco una de las características esenciales de toda Nación: la identificación de los intereses comunes.

Ello nos desarticuló, dividió, y aisló individualmente, nos anestesió social, política y culturalmente. Finalmente, cuando se produjo el asalto masivo de 1976 la Nación no solo no tenía capacidad de respuesta sino que el Estado militó activamente a favor del nuevo modelo de concentración económica que ya se postulaba en el mundo.

Fue entonces un proceso, que influyó decididamente en nuestra formación cultural. Y en el que el Estado no estuvo ausente. Muy por el contrario, su accionar fue deliberadamente dirigido a sostener el nuevo orden imperial, esa suerte de “mundo feliz” que nos prometía el pensamiento único.

7 Tal esquema era funcional a los intereses de la burguesía agro exportadora de la cual Martínez de Hoz era representante. De ahí que el plan económico se basó en la apertura irrestricta al comercio exterior, la reducción del crédito a la pequeña y mediana empresa, la exportación de productos primarios y la toma de créditos internacionales, base del endeudamiento externo.

Esta política de endeudamiento externo elevará la deuda externa exponencialmente: en 1976 era de 6.000 millones de dólares; 1979: 8.500; 1981: 25.000; 1984:45.000; 2001: 120.000.

8 Reconoce su origen en la denominada “crisis de la deuda” de 1982 y la formulación del Plan Baker que propuso cambiar deuda por activos. El Plan Brady, en 1989, permitió el acuerdo con los acreedores externos mediante el rescate de bonos de la deuda externa a través de las privatizaciones. La entronización del mercado comenzó en 1990, y la ley de convertibilidad fue el instrumento que garantizó un seguro de cambio para los capitales externos a los que se le aseguraba una alta tasa de interés. A ello debe agregarse el andamiaje jurídico establecido para privatizar las empresas de servicios y aquellas ligadas a los recursos estratégicos, como el petróleo, el gas y la producción de energía eléctrica, lo que se hizo en el tiempo récord de cuatro años.

9 Cuando despertamos de nuestro sueño primer mundista teníamos un déficit fiscal de 10.000 millones de dólares, los intereses de la deuda representaban el 25% del presupuesto nacional, la desocupación alcanzaba al 17-18% y 1/3 de la población indigente.